LEY DE COMUNICACIÓN

Soy periodista y profesora de comunicación social en la Universidad de Guayaquil hace más de 20 años y creo que lo que se está dando, lo que se está debatiendo, en esta Asamblea Nacional es histórico.

La posibilidad, por vez primera, de darle al país una ley de comunicación que proteja un derecho sustancialmente humano, irrenunciable, de los ciudadanos y ciudadanas.

Un derecho que le ha sido arrebatado a través de la historia a los grupos históricamente excluidos: indígenas, montubios, negros, las mujeres, los pobres del país. A quienes la oligarquía y los grupos de poder tradicionalmente les ha negado su voz y ahora, con esta ley, la están recuperando.

El derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, tal como lo exige la nueva Constitución, y no a una comunicación esclava de intereses ajenos y elitista. El derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, sin censura previa y con responsabilidad ulterior, y no a una comunicación al servicio de negocios particulares, que no establece límites ni acepta responsabilidades.

El derecho al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para las estaciones de radio y televisión y no a la feria de un bien público que pertenece a todos y es de todos, en donde se otorgaba frecuencias al mejor postor, al político de turno, a los amigos y parientes.

Es importante que construyamos esta ley entre todos. Una ley que no sea para los periodistas, gremios, dueños de los medios de comunicación, sino para defender los derechos de aquellos que no tienen cómo defenderse, el ciudadano común, de la calle, aquel cuyo cadáver aparece sin pudor ni respeto en grandes titulares.

Una buena ley es la que protege a todos y no está dirigida contra nadie en particular, esa es una ley que perdurará en el tiempo.

Es necesaria una ley que regule, norme, garantice y establezca responsabilidades.

Una ley reguladora y normativa no puede ser jamás un obstáculo para el ejercicio independiente de la profesión de comunicar de los Medios, más bien los fortalece porque establece sus límites.

Todo derecho, el derecho a la libertad de expresión por ejemplo, no es un derecho absoluto, tiene sus límites. Mis derechos terminan en donde empiezan los derechos del otro.

Todo derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información entraña el cumplimiento de deberes y responsabilidades.

Por eso saludo efusivamente el Acuerdo alcanzado por el Presidente de la Asamblea Nacional y los representantes de las bancadas legislativas y grupos políticos en aras de mejorar los contenidos del Proyecto de la Ley Orgánica de Comunicación y darle al país la ley que necesita.

Este ha sido, en más de 30 años, un acuerdo histórico. Una victoria de todos. Todos los partidos y movimientos políticos, tanto de derecha como de izquierda y de centro se han dado la mano para llegar a consensos, no en bien de un grupo o interés particular, sino en beneficio de los altos intereses nacionales. Sería deseable que así trabajemos las demás leyes, siempre en beneficio del país, pensando solo en el país. Es un primer paso de un acuerdo nacional que hay que saber valorar, porque había corrientes que pedían el archivo de la ley, que hablaban de que la mejor ley de comunicación era la que no existía, que se oponían enteramente a la existencia de un Consejo de Comunicación. Ahora con el apoyo de todos y bajo el marco de los principios que establece el acuerdo tendremos una ley que democratizará el ejercicio de la comunicación.

Creo que del informe original presentado por la Comisión se debe desmontar todo aquel lenguaje que lleve a la sospecha de una visión sancionadora, punitiva de tipo penal, palabras como juzgar, denunciar, denunciado, pueden conducir a una interpretación equivocada.

Yo no estoy de acuerdo conque la ley tenga características sancionadoras penales; estoy de acuerdo conque la ley tenga responsabilidades administrativas porque en el Ecuador nadie puede estar exento de responsabilidades.

El lenguaje en la redacción es el alma que conduce al contenido de la ley, este lenguaje debe ser claro, preciso, transparente que no conduzca a ambiguedades, ni se preste a varias interpretaciones. Se debe mejorar el lenguaje del proyecto, artículos como el 14, 15, 18, 21, 95, 96, 99 deben ser cuidadosamente revisados a la luz de una buena sintaxis.

Hay algo que ha llamado mi atención en el debate del proyecto que se ha hecho a través de los medios. Y es que en pleno siglo XXI, en donde todos sabemos que “la educación es indispensable para el conocimiento, para el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano”, todavía hayan voces que sostengan que la exigencia de la titulación en ciertas áreas de la comunicación constituye una restricción a la libertad de expresión.

Creo que se está confundiendo la libertad de expresión, la libertad de opinión y de difundir información en forma libre, que es un derecho consustancial al ser humano, con el ejercicio profesional y especializado del periodismo.

No es lo mismo libertad de expresión, que libertad de prensa y libertad de empresa de los Medios.

No es lo mismo el derecho que tiene un sujeto a hacer un blog, a difundir una volante con su opinión, a mandar cartas o escribir como columnista en la página editorial de un diario o hacer comentarios en un medio de comunicación radial o televisivo, con el ejercicio diario y laboral de construir una noticia dentro de un medio de comunicación.

Ese ejercicio diario de producir la información para dirigirse a las masas creando opinión pública, entraña el conocimiento de la ciencia del periodismo, entraña conocer el instrumento de trabajo del periodista que es el lenguaje o los lenguajes, entraña saber distinguir los géneros periodísticos, diferenciar qué es un periodismo de investigación o científico, cómo se elabora una crónica, un editorial, un reportaje, una entrevista. Entraña saber sobre la ética de la profesión y la jurisprudencia que hay al respecto.

Si en aras de justificar una interpretación ambigua de una Corte Internacional que realmente trata de colegiatura y no de titulación, se afirma que se está obstaculizando la libertad de expresión al exigir estudios, tendríamos también que hacer entonces apología del conocimiento empírico y dejar que los boticarios receten y operen, que los maestros de obras reemplacen a los arquitectos, que los tinterillos sigan los juicios. Toda práctica profesional tiene que tener una especialización.

No es necesario ser periodista para difundir información, pero para el ejercicio profesional del periodismo, ser periodista hace la diferencia.

Hay que recordar a los defensores de la no titulación que las sentencias internacionales de una Corte no obligan a los Estados, solo es obligatorio para las partes. Y que por encima de los tratados internacionales está la Constitución y la soberanía de un Estado.

En el artículo 15 de la Ley del ejercicio profesional del periodista publicado en el año 1975 y aún vigente ya está contemplada la titulación y nunca jamás hubo ningún reclamo por ello. Si se quita este derecho ganado por miles de estudiantes, periodistas y facultades de comunicación, sería un retroceso dentro de la ley y la Constitución dice muy claramente en su artículo 11, numeral 8, inciso 2 que “será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

Ningún Tratado Internacional se opone a la profesionalización. Solo algunos sectores que están interesados en continuar precarizando el trabajo del periodista y en pagarle lo que se les antoje. Como profesora de periodistas conozco sectores en donde no les pagan o les pagan una bicoca, porque supuestamente se están haciendo famosos o están aprendiendo, porque no tienen título. Ese es el fin y la intención oculta de barrer con ese derecho.

Es deber de la comisión en su articulado establecer con claridad cuándo y a quiénes se les exigirá la titulación, para no violar derechos y libertades; porque es claro para todos los que hacemos periodismo que cualquier persona puede, bajo su responsabilidad, expresar su opinión a través de los medios de comunicación.

Recuerdo la célebre frase de la revolución francesa: “Libertad, cuántos delitos se cometen en tu nombre” y la traslado a estos tiempos para decir: “Libertad de expresión, cuántos abusos y violaciones a los derechos humanos se pueden cometer en tu nombre.”

Gracias,

Lcda. Aminta Buenaño

Vicepresidenta de la Comisión de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología