La normativa abre las puertas a la evaluación consistente y permanente para asegurar el mejoramiento definitivo de la calidad de vida de los docentes; a la exigibilidad de derechos por parte de la comunidad educativa; a la calidez y calidad en todo el sistema, sin necesidad de demandarla; al acceso absolutamente libre a la información y a la libertad de expresión y construcción del discurso; al ingreso de docentes, rectores y otros cargos, al sistema, por concursos de méritos y oposición; a la sanción a los docentes que abusen de su condición en cualquier forma; al compromiso de la comunidad educativa y de los estudiantes con su propio proceso.

El proyecto desagrega, enuncia y transversaliza los derechos, deberes y obligaciones del Estado, de los estudiantes, docentes, familia de la Comunidad educativa y de las instituciones educativas; unifica y homologa el sistema educativo articulado por la planificación participativa y regido por la Autoridad Educativa Nacional; se determinan con claridad los objetivos y la estructura del Sistema Nacional de Educación; se incorpora la educación escolarizada y no escolarizada, presencial, semipresencial, especial y virtual, como modalidades; se establecen como niveles la educación inicial, básica y el bachillerato general, ahora con estándares de calidad y ejes de estructura definidos con respecto a la nueva Constitución.

Se incorpora la interculturalidad, de manera transversal, y se consolida la educación intercultural bilingüe. Revaloriza y revindica los derechos de la docencia mediante requisitos claros y motivadores para ingresar a la carrera docente pública. Se redefinen sus particularidades con respecto a la calidad, al concepto de servicio público y a los derechos laborales: jornada laboral, traslados, jubilación, vacantes, concursos, elegibilidad preferente para los docentes locales, evaluaciones y sistema de capacitación, bono de frontera, estímulos y demás.

Adicionalmente, se reestructura el escalafón docente para permitir una evolución profesional más rápida, eficiente y meritoria, a fin de que la escala salarial sea homologada con la de los servidores públicos.

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