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Rendición Cuentas Asambleísta Jorge Escala.

Durante este primer año de ejercicio legislativo y de fiscalización, hemos defendido los intereses de los trabajadores, indígenas, maestros, estudiantes, pequeños comerciantes, jubilados, hombres y mujeres de los sectores populares que anhelamos una Patria Nueva.

Como defensores de la Educación de Calidad, la propuesta de Ley de Educación elaborada por la Unión Nacional de Educadores fue presentada por la Bancada de Izquierda MPD-PK en contraposición a la propuesta del fracasado ex Ministro de Educación Raúl Vallejo; como integrante de la Comisión y conjuntamente con la UNE hemos logrado que se incluyan en el informe para segundo debate los principios de gratuidad, laicismo, democracia y participación orientados al cambio; asimismo se alcanzó las siguientes conquistas: redacción del Título sobre Educación Intercultural; logramos mantener las 10 categorías escalafonarias, superando la propuesta inicial del gobierno de tan solo 4; incorporación de las madres comunitarias y educadores populares en la primera categoría con un sueldo unificado de $500; carné estudiantil al inicio del año, reconocimiento del derecho a la resistencia para toda la comunidad educativa, garantía para la profesionalización y actualización docente de forma gratuita; derechos de maternidad para las maestras; prioridad para el cambio de las jefas de familia con hijos menores de 5 años; recuperación del bono por el día del Maestro y garantizar la entrega de los bonos de frontera y de situación geográfica; evaluación a todo el sistema educativo, incluido el Ministro; exoneración de pago de servicios básicos de los planteles públicos, entre otros. Siendo importantes estos logros, es necesario la movilización popular para alcanzar se incluya la defensa de un sistema estructural de educación intercultural bilingüe, la autonomía de la institución de evaluación, el cumplimiento del estimulo a la jubilación docente de conformidad a la Constitución; y el respeto de los derechos organizativos y sindicales de los docentes.

Dentro del ámbito educativo, otra de nuestras preocupaciones fue la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), por ello apoyamos la iniciativa del sistema universitario al presentar un proyecto de Ley elaborado por sus actores, mismo que contemplaba el respeto a la autonomía universitaria, gratuidad de la educación, fortalecimiento del cogobierno, establecimiento de un verdadero régimen académico, apoyo a la investigación, entre otras. Pero la intransigencia del Bloque de Alianza País, ha llevado a que la Asamblea Nacional de manera fraudulenta apruebe finalmente una LOES que irrespeta los derechos de la comunidad universitaria y contraría la propia Constitución, burlándose de los consensos acordados con la academia. Consecuentes con el clamor de la comunidad universitaria, con nuestra acción parlamentaria y la movilización social conseguimos que se transfirieran 80 millones de dólares correspondientes al IVA e impuesto a la renta que estaban retenidos.

Respecto al proyecto de Ley Código de Ordenamiento Territorial hemos denunciado que continúa la política neoliberal a través de la entrega de competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s), mismos que podrán cobrar tasas, sobretasas, tarifas, alza de precio de combustibles y contribuciones por todos los servicios que entregan a la población, además advertimos que se pretende entregar a los GAD’s dos áreas sensibles como la educación y la salud. Nuestra posición de apoyar las Circunscripciones Territoriales Indígenas y el incremento al presupuesto de los organismos seccionales incluidos las juntas parroquiales es un derecho constitucional inclaudicable.

La Ley de Hidrocarburos aprobada por el ministerio de la ley, contiene inconstitucionalidades, razón por la que hemos presentado una demanda ante la Corte Constitucional porque se entrega el petróleo a las transnacionales; se disminuye el Impuesto a la Renta del 44,4% al 25% y se elimina el pago de regalías petroleras.

El Pleno de la Asamblea por iniciativa de la Bancada MPD-PK, aprobó las siguientes Resoluciones: Apoyo al proyecto ITT de mantener bajo tierra las reservas probadas de petróleo, rechazo y condena del ataque israelí contra flotilla de ayuda alimentaria al pueblo Palestino, Reconocimiento a la patriótica labor de las y los docentes en su día conmemorativo el 13 abril, entre otras.

En fiscalización, dimos un duro combate a la corrupción, solicitando el enjuiciamiento político del ex Ministro de Educación, Lic. Raúl Vallejo, por mentir al pueblo ecuatoriano al declarar al Ecuador Patria Alfabetizada, desconocer y vulnerar los derechos laborales y la seguridad social de más de 13 mil educadores populares, precarizar la estabilidad laboral de los maestros contratados; el actuar en complicidad con funcionarios de la DINSE, perjudicando al Estado en contratos millonarios; desacato del pago al incremento del bono fronterizo y demás irregularidades. Sin embargo, la mayoría parcializada y encubridora (Alianza PAIS, PRE y Socialistas) archivaron la solicitud de juicio político; pero a pesar de esto, fruto de la presión de los actores sociales de la educación, el Presidente Correa se vio obligado a pedirle la renuncia a este mal funcionario.

La política de persecución de las autoridades del Ministerio de Educación que violando el debido proceso, destituyeron de manera inconstitucional e ilegal a centenares de maestros que en ejercicio del derecho a la resistencia exigían se respeten sus derechos, desde las distintas instancias administrativas y legales en amparo de mi obligación fiscalizadora, frente al desacato, dilación e incumplimiento, demande el respeto a los derechos consagrados en la Constitución de los maestros/as, logrando la reincorporación a sus puestos de trabajo.

En exigencia al respeto a la gratuidad de la Educación en todos sus niveles, he iniciado el proceso de fiscalización para que se elimine el cobro “de cuotas económicas voluntarias” en las instituciones educativas municipales del Distrito Metropolitano de Quito.

Frente a la criminalización y judicialización de los luchadores populares por parte del gobierno y en defensa del derecho a la resistencia, he interpuesto ante las distintas instancias gubernamentales acciones para exigir el respeto a los derechos constitucionales, a la organización social, a la libertad de expresión y participación.

Solicité la comparecencia de la Ministra de Educación, Gloria Vidal a la Asamblea Nacional, a fin de que responda y tome las medidas necesarias que garanticen el acceso a la educación sin discriminación, por haber violentado el derecho a la igualdad, el principio de interés superior de la niñez y adolescencia, a escoger con libertad la educación, y al someterlos a procesos discriminatorios para acceder a un cupo de matrícula.

Es necesario señalar que la Asamblea Nacional está en deuda con la Patria porque ha reducido su capacidad legisladora y de fiscalización, debido a las presiones ejercidas por el Presidente Rafael Correa; además ha sido una Asamblea de oídos sordos, de falta de diálogo y consensos, que ha legislado en contra de los intereses populares, alejándose de los anhelos de cambio que en ella depositaron millones de ecuatorianos/as. Finalmente expresamos nuestro compromiso por hacer realidad los derechos del Buen Vivir consagrados en la Constitución, a la vez que hacemos un llamado a los pueblos del Ecuador a organizarse y luchar como único camino de alcanzar victorias.