La lucha popular no es golpismo, es un derecho constitucional
El jueves 30 de septiembre de 2010 el país fue testigo de una rebelión protagonizada por la tropa de la Policía Nacional y de ninguna manera de un intento de golpe de Estado. Sus protagonistas actuaron de esa forma porque se sintieron afectados por el veto presidencial a la Ley de Servicio Público, de ahí que su plataforma reivindicativa se circunscribía a pedir “la derogatoria del veto que afecta al sistema de condecoraciones, ascensos, remuneraciones salariales por tiempo de servicio y que la cúpula policial sea designada a través del voto del elemento policial”. Nunca pidieron la renuncia del Presidente, ni hablaron de sucesión presidencial o de proclamación de un nuevo gobierno, peor de un mecanismo de desconocimiento al gobierno y al régimen constitucional.
