La comisión Ocasional de Cultura de la Asamblea Nacional se llenó de diversidad de voces y sentidos, pues recibió la visita de varios gestores culturales, entre ellos: cineastas, artesanos, archivólogos, músicos, bailarines y artistas plásticos quiteños.
En su intervención Nelson Ullauri, representante de la Red Cultural del Sur, manifestó que “hay que desterrar el imaginario de que la cultura es para los cultos, queremos que la ley sea incluyente y que integre a todos los sectores, desde una visión intercultural, para ello, consideramos necesarios incluir en el sistema de cultura a la Red de Centros Interculturales y Comunitarios, como una respuesta a la falta de apoyo que hemos tenido los artistas y gestores de cultura popular por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana”, indicó.
José Luis Serrano del Consejo Nacional de Cine planteó que este Consejo debería transformarse en el Instituto Audiovisual que debe ser determinado explícitamente en la Ley a través de una disposición transitoria, además propuso que “Cada Instituto esté dirigido por un directorio, es decir por un cuerpo colegiado”. Adicionalmente, propuso la creación de incentivos a la producción artística y cinematográfica, a través de mecanismos de rebaja o exoneración de impuestos, entre otras estrategias, puesto que la industria del cine es generadora de puestos de trabajo y, sobre todo, un factor que consolida la identidad de los pueblos. Así por ejemplo por cada película se requiere entre 60 y 70 personas que trabajan durante el tiempo de producción de un film, y que adicionalmente se genera alrededor de 500 personas (transportistas, restaurantes, hoteles, etc.) que, en torno a esta industria operan.
Para Juan Carlos Velasco, del Consejo de las Artes, “la cultura debe ser elevada a la categoría de política de Estado, de manera que a su alrededor se levante toda una institucionalidad que garantice el pleno desarrollo de las acciones de creación, producción y difusión artística”. Añadió también que “Es importante que se mantenga el carácter de orgánica la Ley, de forma tal que permita dictar políticas permanentes y sostenibles en el tiempo, con la presencia de institutos de artes que tengan igual tratamiento, tanto en lo que atañe a sus directorios, cuanto en lo pertinente a la distribución de recursos económicos”.
Se debe analizar el tema de los tributos que se recaudan por la producción artística, porque, al momento para la realización de un evento cultural se pagan alrededor de 14 impuestos”.
A nombre de la Junta de Defensa del Artesano, Esperanza Vera señaló su preocupación porque este sector no ha sido considerado en la ley, a pesar de que las artesanías son parte fundamental de la cultura del país, sobre todo aquella que mantiene procedimientos ancestrales y que deben ser recuperados y protegidos. Es necesario, revitalizar la actividad artística desde los sectores populares, al recordar que existen más de 800 centros que otorgan títulos de maestros en 180 ramas artesanales. Por ello, reclaman estar dentro del Sistema Nacional de Cultura, a fin de tener normas que amparen estas actividades.
Enrique Abad, representante de los bibliotecarios del Ecuador, defendió esta actividad como la constructora del patrimonio, la memoria histórica y la identidad de los pueblos. Por ello, solicitó se revise el capítulo referente a los sistemas de Archivos y Bibliotecas, que deben ser encabezados por el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional, que son dos organismos que existen desde antes de la creación de la República.
Todas las organizaciones presentes coincidieron en la necesaria y urgente reestructuración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, para ello se hicieron sugerencias y se presentaron propuestas de cómo debería darse esta reestructuración, al respecto se planteó que en la ley se cree una transitoria que establezca claramente como se daría esa reestructuración, planteando por ejemplo que se cree una comisión que sería la responsable de todo este cambio.
Ante estos planteamientos los Asambleístas de la Comisión Ocasional de Cultura, manifestaron que en el proceso de elaboración de la ley es indispensable la participación ciudadana, para la construcción de una ley que represente a todas y todos, garantizando los derechos culturales, la identidad nacional, la interculturalidad, el disfrute del espacio público, etc.
La Asambleísta por el Azuay, Mariangel Muñoz, dijo coincidir con las propuestas entregadas por los artistas y gestores culturales, en lo que se refiere a la transversalización del principio de interculturalidad en todas las políticas y acciones que se realicen desde las instancias que pertenezcan al sistema nacional de cultura, y no concentrar en una institución como plantea hasta el momento el proyecto de ley; además dijo que es necesario garantizar a las o los artistas y gestores culturales su derecho a la seguridad social, pues en la actualidad la mayoría de artistas independientes que no están agremiados o no están afiliados voluntariamente, o no trabajan en relación de dependencia, no tienen acceso a la seguridad social, por esta razón cree que es necesario incluso acogiendo las propuestas realizadas por los gestores culturales, que se realice un censo de los artistas y gestores culturales, bajo un proceso transparente e incluyente.
Por otro lado, Mariangel Muñoz manifestó que la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” de acuerdo a la Constitución de la República, llega a formar parte del Sistema Nacional de la Cultura integrado por todas las instituciones y personas que reciben fondos públicos. Esto significa además, que están sujetas a rendición de cuentas, en donde también se establece que la rectoría del sistema y la formulación de las políticas públicas en materia cultural le corresponde al Estado a través del Ministerio encargado de la Cultura, eso conlleva a que la CCE sea parte del Sistema Nacional de Cultura, considerada como una persona jurídica de derecho público, con autonomía financiera y administrativa.
A su vez, hizo un llamado a todas y todos los Asambleístas a que manejen estos temas con la responsabilidad necesaria, con el fin de no provocar en la ciudadanía una errónea visión de lo que se ha alcanzado en el articulado del proyecto de ley. En el proyecto, la naturaleza de la Casa de la Cultura, recobra su verdadero sentido, pues será el lugar de encuentro de artistas, productores y gestores culturales donde se podrá mantener verdaderos diálogos interculturales de todos los sectores vinculados, esto significa, que mantendrá procesos democráticos de elección de sus representantes en los cuales artistas, productores, autores y gestores culturales de cada provincia se inscribirán en los respectivos padrones electorales, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos por el Consejo Nacional Electoral para la elección de sus delegados.
Así mismo, indicó que esta ley debe mantener su carácter orgánico, sin embargo debe cambiar su denominación a “Ley orgánica de las Culturas y el Arte”, porque al nombrarla como “ley orgánica de las culturas”, estaría refiriéndose exclusivamente a las identidades culturales más no a la gestión y producción artística.
