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  • Escrito en Junio 23, 2010

    Por Paco Moncayo Gallegos

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    BOLETIN DE PRENSA No. 102

    PACO MONCAYO:

    “NO SE PUEDE CAMBIAR VOLVIENDO AL PASADO”

    El Asambleísta Paco Moncayo, manifestó que el proyecto de ley de Educación Superior contraviene varias normas Constitucionales. Precisó, que el artículo 353, de la Carta Fundamental del Estado, señala que el sistema de educación superior se regirá por un organismo de planificación, regulación y coordinación y por un organismo técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación, no obstante y pese a esta disposición Constitucional, el proyecto  crea una secretaría general.

    A decir del legislador, este es  el problema de mayor  inconstitucionalidad, autoritarismo, centralismo y violación de la autonomía, porque a la secretaría, se la convierte en órgano supremo, con capacidades superiores a la de los dos organismos, creados constitucionalmente. Puntualizó que la coordinación interna del sistema y con el Ejecutivo  le corresponde al Consejo, y que “en este caso el proyecto propone a esta Secretaría, como ente coordinador, entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior, ejerciendo, además, la rectoría de las políticas públicas en materia de educación superior, en aplicación de una norma suprema inexistente y estará dirigida por el Secretario Nacional de Educación Superior, designado por el Presidente de la República.” Lo que significa, según Moncayo, que “el Ejecutivo coordine consigo mismo, cuando la Constitución y la sana lógica manda que sea rector en el área de su competencia y no en entidades autónomas, como los gobiernos municipales o las universidades”.

    Según el Asambleísta,  la rectoría termina con la autonomía, cuando en el proyecto se le atribuye a la secretaría  “establecer los mecanismos de coordinación, ejercer  las políticas públicas en el sistema de educación superior que incluirá formación académica, profesional, investigación científica y tecnológica, vinculación con la sociedad. Más grave todavía, diseñar, coordinar, implementar la política pública en materia de investigación, ciencia y tecnología. Ya las universidades no podrán decidir qué investigar, será la secretaría  la que defina. ¿Dónde queda, entonces, la autonomía de la universidad? ”, interrogó.

    Del mismo modo, Paco Moncayo, mencionó que el consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior, que debe ser  un organismo público técnico, según el artículo 353 de la Constitución, en el proyecto  se lo convierte en político, cuando el Ejecutivo designa a tres de sus miembros, de entre ellos se nombra al presidente, quien cuenta con voto de calidad.  A decir del legislador, “la clave del éxito de esta ley, radica en una evaluación libre y no politizada. Si esta se utiliza para favorecer a los sumisos y perseguir a los independientes o adversarios políticos, la evaluación quedará desacreditada”

    Finalmente, aseguró  Paco Moncayo que “no se puede cambiar, volviendo al pasado”. Expresó que es necesario que las universidades se constituyan en un amplio espacio donde quepan todas las propuestas, todas la ideas, todos los debates, no las doctrinas impuestas por el mandatario de turno.

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