Quiero iniciar mi intervención recordando esas frases del paradigmático rector de la UCE, Alfredo Pérez Guerrero: “Adonde vaya la universidad irá la patria”.

Me parece que todos nosotros, la sociedad entera, deseamos mejorar a la universidad ecuatoriana. No he escuchado a ningún estudiante, profesor, directivo, empleado, trabajador oponerse al mejoramiento de la educación superior, a fin de que la universidad ecuatoriana alcance los mejores niveles de la excelencia.

Decía en mi intervención del primer debate que no se puede lograr una universidad de excelencia, si no se respeta plenamente su autonomía. Considero que la universidad sin autonomía deja de existir, estaríamos poniendo fin a La institución que permite el desarrollo de los pueblos.

Con claridad, el artículo 353 de la Constitución expresa que el consejo es el órgano de coordinación interna del sistema y de las relaciones entre sus distintos actores con la función ejecutiva. El art. 153 del proyecto de Ley define al Consejo de Educación Superior, viola este precepto al darle mayoría en ese Consejo al Ejecutivo que no va a coordinar sino administrar el sistema. Además, crea una secretaría general, ubicándola por encima del consejo y por encima del sistema de acreditación, gravísima violación del mandato constitucional.

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Del mismo modo, el consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior debe ser un organismo público técnico, según el artículo 353 de la Constitución, pero en el proyecto se lo convierte en político, cuando tres de sus miembros son designados por el Ejecutivo, de entre ellos de nombra al presidente, quien cuenta con voto de calidad. La clave de éxito de esta ley está en una evaluación libre y no politizada. Si esta se utiliza para favorecer a los sumisos y perseguir a los independientes o adversarios políticos, la evaluación quedará desacreditada.

Pero, el problema mayor de inconstitucionalidad, autoritarismo, centralismo y violación de la autonomía radica en la creación de la Secretaría, convertida en órgano supremo con capacidades superiores a la de los dos organismos creados constitucionalmente. La coordinación interna del sistema y con el Ejecutivo le corresponde al Consejo. En este caso el proyecto propone a esta Secretaría como “ente coordinador entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior”, lo que es inconstitucional. Ejerce la rectoría de las políticas públicas en materia de educación superior, en aplicación de la norma constitucional, norma que no existe y “Estará dirigida por el Secretario Nacional de Educación Superior, designado por el Presidente de la República.” O sea el Ejecutivo coordina consigo mismo. La constitución y la sana lógica manda que el Ejecutivo sea rector en el área de su competencia y no en entidades autónomas como los gobiernos municipales o las universidades.

Todavía peor, la rectoría termina con la autonomía cuando en el proyecto se le atribuye “establecer los mecanismos de coordinación, ejercer las políticas públicas en el sistema de educación superior que incluirá formación académica, profesional, investigación científica y tecnológica, vinculación con la sociedad.” Más grave todavía, “diseñar, coordinar, implementar la política pública en materia de investigación, ciencia y tecnología. Ya las universidades no podrán decidir qué investigar, será la secretaría la que defina. ¿Dónde queda la autonomía de la universidad? ¿Qué tipo de Estado se pretende construir?.

Todavía no es tarde, podemos corregir estos desvaríos. Recordemos a esos estudiantes universitarios de Córdova, de 1918, que lucharon por su autonomía universitaria, libre de toda forma de control y dominación. Pensemos en los estudiantes, que lucharon por hacer de la universidad ese amplio espacio donde caben todas las propuestas, todas la ideas, todos los debates, no las doctrinas impuestas por el mandatario de turno.

Quiero pedirles compañeros y compañeras asambleístas, que recapacitemos. No estamos diciendo ahora que busquemos un sistema autoritario, porque la autonomía no funciona. Hagamos una mejor universidad, respetando las normas constitucionales. NO SE PUEDE CAMBIAR, VOLVIENDO AL PASADO.