BOLETIN DE PRENSA No. 104
Paco Moncayo:
SECRETARIA DEBERA UNICAMENTE COORDINAR
El Asambleísta Paco Moncayo, en el marco del tratamiento del proyecto de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior insistió en la necesidad de modificar el tema relacionado con la rectoría que se le otorga a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, lo cual genera una serie de inconsistencias en la normativa, violaciones a la constitución y reacciones en la comunidad, ante la posibilidad de que se atente contra la autonomía universitaria.
Según el legislador, mientras el artículo 182 del proyecto determina a la secretaría como el “ente coordinador entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior”, el artículo 183, literal b), le faculta para “ejercer la rectoría en las políticas públicas de su competencia”, lo cual es una contradicción. Si en el término sus competencias se refiere a la del gobierno central, debe especificarse así a fin de evitar interpretaciones que puedan afectar a la autonomía universitaria.
Precisó el Asambleísta que el Art. 353 de la Constitución dispone que el sistema de educación superior se regirá por dos organismos, solamente dos, que pueden regir y, por lo tanto, rectorar el sistema. “El gobierno tiene cuatro representantes en el Consejo y participa en esa rectoría”. Puntualizó.
Adicionalmente, manifestó que el Art. 355 señala expresamente que el “Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución…”, consecuentemente, cualquier atribución a la Secretaría que viole estos principios, invalida esas normas. Insistió en que las funciones de la Secretaría no pueden invadir a las de los Consejos. “El Gobierno puede emitir políticas públicas de educación superior para todos los aspectos que no afecten a la autonomía del Sistema”, concluyó.
Finalmente, Paco Moncayo expresó que existe un acuerdo generalizado, las propias universidades públicas y privadas, los rectores, los alumnos, los profesores, el personal administrativo, los trabajadores y la sociedad en su conjunto, piensan que es indispensable que mejore la educación superior, “para lo cual es necesario alcanzar una solución de consenso en el plenario, que permita a los ecuatorianos contar con una ley vital e importante para nuestro futuro”.
