Creo que es importante señalar que en el proyecto de ley, debería desarrollar de manera más amplia los derechos colectivos de las comunas, me parece un error que solo se trate de un  proyecto de ley reformatoria a la ley de comunas que fue creada en 1937, cuando debería ser una la ley orgánica de comunas, como lo señala claramente la Constitución en su artículo 133 numeral 2 “serán leyes orgánicas las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”.

Como evidencia en el proyecto tenemos el “Art. innumerdo 1.- Objeto de la Ley.- Estas disposiciones legales tienen por objeto establecer los principios y normas generales que regulan, desarrollan y fortalecen el funcionamiento de las comunas, comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubios, en el marco del Estado intercultural y plurinacional del Ecuador.”

El objeto de la ley debería ser: establecer los principios y normas generales que regulan, desarrollan y fortalecen el desarrollo de los derechos de las comunas y de los comuneros.

Esta nueva redacción sí estaría de acuerdo con el artículo 57 de la Constitución que establece claramente que las comunas tienen los derechos colectivos que se desarrollan en los 21 numerales del artículo mencionado. Y refuerza la necesidad de que sea una ley orgánica.

Se sugiere eliminar el art 4 del informe por algunas razones. La primera desde la técnica legislativa ya se ha dicho en varias ocasiones durante los debates que no es conveniente poner definiciones dentro de los articulados de las leyes. Por otra parte la definición contenida en el artículo 4 del informe desconoce la realidad del las comunas en el Ecuador, ya que ser comuna no excluye pertenecer a un pueblo o nacionalidad indígena y viceversa, además resulta peligroso no reconocer en esa definición que las comunas poseen territorios ancestrales.

Quiero recordarle al pleno de esta asamblea que las comunas tienen los derechos colectivos consagrados en la constitución por lo tanto, las mismas podrán crear circunscripciones territoriales, el artículo 60 de la Constitución establece:

“Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación.
Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial.”

Desconocer que los “cholos” son parte del un pueblo ancestral y por lo tanto conculcarles el derecho a formar su circunscripción territorial no me parece adecuado. Para reforzar esta apreciación quiero citar las recientes investigaciones de La antropóloga Silvia Álvarez Litben quien es su  obra Parentesco, política y prestigio social en los pueblos indios del Partido de Santa Elena, Padrón de 1803, escribe lo siguiente:

“El pueblo ancestral comunero de la Costa, descendiente de los goancavilcas, es el grupo étnico más extenso del Ecuador. Afirma que son más de 80.000 y ocupan un territorio de 400.000 hectáreas aproximadamente. “Es un grupo invisibilizado en el mapa etnográfico ecuatoriano…”

Además la investigadora explica en su investigación:

“En 1803 había 6.000 indígenas en estos territorios (los territorios de las comunas costeras) y Guayaquil contaba con 13.000 habitantes. El padrón confirma que los indígenas no habían renunciado a su identidad y mantenían derechos colectivos sobre sus territorios. Simplemente cambiaron el etnónimo, que es el nombre étnico: primero se llamaron goancavilcas, luego indios costeños y después de la Independencia, cholos, lo que se mantiene hasta la actualidad”. Ellos periodizan la historia en tres etapas: el tiempo de los antiguos, el tiempo de los recanientes, y los actuales.”

Por lo expuesto se hace indispensable como ya lo mencioné al principio de mi intervención, que la ley de comunas debe tener el carácter de orgánica, que es necesario que el proyecto regrese a la comisión con el fin  de que se incorporen  los artículos necesarios que permitan desarrollar de manera más adecuada los derechos de los comuneros y de las comunas.

María Soledad Vela Cheroni

Observaciones Reformas Electorales. (Segundo Debate)

En este segundo informe, la comisión acogió el verdadero sentido de la propuesta que presenté y que es permanente propuesta de las agrupaciones de mujeres. Como se ha indicado en la lectura del informe, se pretende hacer efectivo el mandato constitucional de la efectiva paridad y equidad de género, así como la eliminación de la violencia a la mujer con la incorporación de la figura de acoso político. Recordemos que la Constitución en su artículo 66 literal b), determina que el Estado reconoce y garantiza a las personas a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado y que debe prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia en especial la ejercida contra las mujeres, entre otros grupos que sufren discriminación, así como eliminar y sancionar todo tipo de desventaja o vulnerabilidad.

La igualdad debe ser una exigencia social, sin ella no existe justicia, pero además, es necesaria la integración de las mujeres como un mecanismo de democracia real.

En el Ecuador se ha ido trabajando en el tema, tenemos la Ley de Cuotas promulgada 1995, que permitió incrementar en 8% de representación de la mujeres, y la Constitución del 2008 que consagra los principios de paridad y no discriminación. A pesar de ello, los datos que se generan en la realidad reflejan la necesidad de que en el Código de la Democracia se garantice una efectiva representación de las mujeres y su ejercicio pleno. Tanto es así que de los 221 municipios del país en 196 existen concejalas y solo en 65 municipios se respeto el principio de Paridad.

El tema de violencia y acoso político es muy preocupante, según datos de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador el 22% de concejalas a nivel nacional han sido víctimas de amenazas, agresiones físicas y psicologías, exclusión y discriminen como medias de represalia, estos datos corresponden solo a casos denunciados.

La comisión en este informe realiza una corrección pertinente al recoger el verdadero sentido del mi propuesta sobre acoso político, entendido como lo que es, es decir el acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas directamente o a través de terceros, en contra de una mujer candidata, electa o en ejercicio de la función político-pública o de su familia con el propósito de impedir y/o inducir en contra de su voluntad a una acción u omisión, en el cumplimiento de sus funciones, derechos o deberes.

No podemos estar ajenos a una realidad latente en el Ecuador. Las mujeres políticas en las localidades atraviesan por diferentes manifestaciones de violencia política. La exclusión, el trato discriminatorio con fines ofensivos o de humillación, el irrespeto al principio de paridad, la exagerada asignación de responsabilidades y tareas, la agresión verbal o física, la utilización de voto “democrático” para obtener resoluciones anti democráticas, entre otras acciones que reflejan la realidad, visibilizando la existencia de la violencia política y sus tipos de expresión.

Pero también hay que señalar que entre las formas de expresión de la violencia está también el irrespeto al principio constitucional de la paridad. Como señala la AMUME en su revista Construyendo Equidad en sus Territorios, que nos fuera distribuida, “la construcción de una sociedad equitativa requiere de la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones con respecto a los hombres”.

Sobre la licencia para la reelección, tiene lógica y es un derecho constitucional para quien se postule a la misma función, no así para quien se postule para un cargo distinto que en ese caso debe renunciar al que actualmente desempeña. Si no aceptamos este contenido que nos propone la Comisión artículo 93 del Código de la Democracia estaríamos cayendo en un vicio de inconstucionalidad.

Otro punto que considero pertinente es lo referente a la publicidad que pretende sin duda hacer un adecuado uso de los recursos públicos e infraestructura del Estado.

Ma. Soledad Vela Cheroni

Reflexiones acerca del Día mundial del SIDA

“La vida es muy peligrosa.

No por las personas que hacen el mal,

sino por las que se sientan a ver lo que pasa.

Albert Einstein

En la pandemia del VIH/SIDA como en ninguna otra, las personas afectadas, los tomadores de decisión, los políticos, la comunidad científica y las personas que de forma voluntaria quieren contribuir a frenar la pandemia se congregan constantemente en foros y espacios de decisión y alcance global.

Esta forma de participación es una victoria de las personas viviendo con VIH. Las experiencias de primera mano de convivencia con el virus, han pasado de ser una patología a ser una contribución muy importante para la respuesta a la pandemia.

Las personas con VIH organizadas, con un discurso político basado en el derecho a la salud, han avanzado del rol de pacientes al de diseñadores de políticas. Una mesa de discusión pareja entre médicos y “pacientes”, entre políticos y “beneficiarios”, entre prestadores de salud y “usuarios”; no se ha visto en otras pandemias.

El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se conmemora el 1 de diciembre de cada año y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia del VIH/SIDA causada por la extensión de dicha enfermedad. Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988.

En este sentido quiero decir que este día, queremos recordar que la lucha contra el SIDA, es la lucha por la vida con dignidad, uno de esos triunfos para vivir con dignidad es el reconocimiento en nuestra constitución, de que ninguna persona podrá ser discriminada por portar VIH, este avance fundamental se refuerza al constar también en nuestra constitución, el Estado debe garantizar el derecho a la salud mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.

El desarrollo de los derechos en la legislación es fundamental, así en nuestra Ley Orgánica de Salud tenemos el artículo 9 literal f) “Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo para el tratamiento del VIH-SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud colectiva.”

Dentro de la misma ley en su artículo 17 se estipula “La autoridad sanitaria nacional … Garantizará el acceso a leche materna segura o a sustitutivos de ésta para los hijos de madres portadoras de VIH-SIDA.”

En Viena se celebro hace un año, la cubre mundial de lucha contra el SIDA en la cual como miembro del Grupo Parlamentario por la Población y Desarrollo Tránsito Amaguaña fui en representación del Ecuador ahí expuse los avances y desafíos que tenemos en nuestro país, también aclaramos que en nuestro país en ninguna embajada se pide como requisito que se hagan las prueba de SIDA para viajar.

Además debo señalar que con el Grupo Parlamentario Tránsito Amaguaña hemos estado en conversaciones para receptar las propuestas de las personas que viven con VIH/SIDA y sus familias para legislar sobre el tema.

Estos triunfos que son importantes dentro de la parte legal y en la representación en el exterior, nos hacen sentir que vamos por buen camino, sin embargo esto no nos detiene en nuestro incesante trabajo para que los derechos puedan ser ejercidos, por esta razón creo que hoy es indispensable dar una buenas noticias, que nos aliente para seguir este arduo trabajo que representa enfrentar a la pandemia del SIDA.

La primera buena noticia es que el Ecuador se une a la propuesta de ONUSIDA que plantea como reto actual la “Estrategia Cero”. Esto con el objetivo de lograr “cero nuevas infecciones, cero muertes y cero estigma y discriminación” para enfrentar esta enfermedad.

La segunda buena noticia es que según el Informe de ONUSIDA para el Día Mundial de la Lucha contra el Sida 2011, Ecuador se encuentra en el segundo grupo de países de ingresos medios y bajos a nivel mundial con mayor cobertura de tratamiento en el mundo.

En el 2011, se invirtieron 9 millones de dólares en medicamentos antirretrovirales, pruebas diagnósticas y otros insumos y, 8.913 personas reciben tratamiento gratuito.

La tercera buena noticia para la atención integral de personas que viven con VIH/Sida en el país es que existen 28 clínicas de Sida, distribuidas a nivel nacional en donde se oferta la atención integral

Más buenas noticias hace unos meses el Ministerio de Salud realizó un acto simbólico de “Alta de niños expuestos perinatales” hijos de madre VIH+ luego de los 18 meses de seguimiento, demostrando de esta manera la eficacia de la  estrategia de prevención de la Transmisión Materno-Infantil a niños de las Maternidades:   “Enrique C Sotomayor”, “Maternidad del Guasmo”  de la ciudad de Guayaquil en donde se determinó que alrededor de 100 niños expuestos perinatales fueron diagnosticados como serorevertores.

En nuestro Cantón Sucre también tenemos buenas noticias, se presenta el proyecto de establecer una Clínica de SIDA en el Hospital con la observación de que se realizaría un esfuerzo conjunto. Otra buena noticia es la voluntad política de la Municipalidad que ha conformado la comisión para tratar esta pandemia en nuestro cantón, comisión conformada por diversos actores de la sociedad que pueden incidir en el trabajo, habiendo recibido incluso el reconocimiento a nivel nacional por el trabajo, el primer premio entre todas las municipalidades del país.

Sin duda de las buenas noticias nos alientan, pero reconocemos que tenemos desafíos importantes, pese a la gran labor de que se ha desplegado en los últimos años uno de los retos está en lograr cumplir con la Séptima Directriz, de las Directrices Internacionales sobre el VIH/Sida y Derechos Humanos que establece:

“Los Estados deberían proporcionar y apoyar los servicios de asistencia jurídica que enseñen sus derechos a las personas que viven con VIH, facilitar asistencia jurídica gratuita para ejercer esos derechos, ampliar el conocimiento de las cuestiones jurídicas que plantea el VIH y utilizar, además de los tribunales, otros medios de protección como los ministerios de justicia, defensores del pueblo, oficinas de denuncias sanitarias y comisiones de derechos humanos”.

Para cumplir con este gran desafío el Ministerio de Salud da los siguientes servicios a la ciudadanía:

- Atenciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): Que ofrece atenciones a personas que presenten una  ITS, que incluye tratamiento a la persona y su pareja, entrega de condones, consejería pre prueba y post prueba  de VIH y tamizaje de VIH.

- Prevención en grupos más expuestos: La oferta de entrega de condones a personas de grupos más expuestos como son: hombres que tienen sexo con hombres (HSH), trabajadoras sexuales (TS) y personas privadas de la libertad (PPL).

- Prevención de la Transmisión Materno-infantil: Se oferta la prueba de VIH a toda mujer embarazada que acude a los servicios de salud, con consejería pre prueba y post prueba, y todos los exámenes de seguimiento para determinar su estado serológico, si es VIH+ ingresa al Programa para recibir tratamiento con antirretrovirales (ARVs), la planificación de la cesárea, ARVs y leche artificial al niño/a. Todo este paquete es entregado en forma totalmente gratuito.

- Atención Integral a personas VIH+ (PVV): Se oferta atención especializada a personas VIH+ que incluye entrega de de tratamiento con ARVs, además de exámenes de seguimiento como son Carga Viral (CV) y CD4 y entrega de condones

Nos queda mucho por hacer pero cada buena noticia y cada persona que decide tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual, nos animan, y nos mueven a creer que venceremos esta guerra contra el SIDA.

María Soledad Vela Cheroni

La Asambleísta María Soledad Vela

El proyecto en mención consta de 203 artículos, dos disposiciones derogatorias, tres disposiciones generales y cuatro disposiciones transitorias, el mismo desarrolla los derechos constitucionales de las personas usuarias y consumidoras de acuerdo a las necesidades actuales que surgen a la vanguardia de los servicios, bienes y productos que se ofertan por parte de las y los proveedores, y de las necesidades de regular aquellas situaciones que se generan de estas relaciones.

La propuesta activa nuevas herramientas de protección a la luz de la Constitución, los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa, las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.

Para la Asambleísta Vela, en la ley actual las funciones de las autoridades administrativas no incluyen los derechos de las personas usuarias y /o consumidoras, se limitan a la sustanciación de expedientes e imposición de multas insignificantes, lo que permite la reiteración de las infracciones. Igual cosa sucede con las políticas públicas y decisiones administrativas de las autoridades públicas que no satisfacen las necesidades que éstas requieren.

En los últimos años, las personas usuarias y /o consumidoras se han visto desprotegidas por una legislación que no permite resguardarles de los peligros a los que se encuentran expuestas, como son el desmedro de su economía personal y familiar, la afectación a su trato como personas, a sus derechos sociales y los del buen vivir. Entre estos casos tenemos los robos informativos, clonaciones de tarjetas, publicidad engañosa y otras, sin existir una regulación adecuada de los llamados contratos de adhesión por los que muchas ecuatorianas y ecuatorianos están siendo afectados.

Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo recibe en su mayoría reclamos relacionados a los derechos de las personas usuarias y consumidoras y que con el anterior marco constitucional y la ley vigente ha tenido limitadas funciones de protección, que estarían superadas por la Constitución vigente, pero requiere de la existencia de una Legislación Especializada acorde a las garantías constitucionales actuales que permita una actuación jurídica multidisciplinaria y concreta, para la reparación de los derechos violentados a las personas usuarias y/o consumidoras.

La Asambleísta Vela señaló que la normativa propuesta trae temas innovadores como por ejemplo que los proveedores de servicios de salud y vida no establezcan limitaciones de edad, situación de salud o no sean discriminatorios con las personas con discapacidad o mujeres embarazadas. Otro tema que regula es la obligación de medidas de seguridad por parte de las entidades financieras que generen servicios de banca electrónica con controles necesarios, que permitan prestar los servicios y manejar la información en condiciones de seguridad y calidad; en el caso de tarjetas de créditos se indica que los establecimientos comerciales deberán realizar las operaciones y transacciones en presencia de las personas usuarias y consumidoras. También se regula servicio de transporte aéreo y las situaciones e inconvenientes que se presentan como vuelos atrasados y pérdida de equipajes.

El proyecto en mención fue trabajado por el equipo interinstitucional de la Defensoría del Pueblo y los asesores de la Asambleísta Vela. Al respecto Fernando Gutiérrez, Defensor del Pueblo anotó que esta Ley es una necesidad en el nuevo marco Constitucional y que apunta a defender efectivamente los derechos de las personas usuarias y consumidoras con la finalidad de alcanzar el sumak kawsay ( buen vivir).

Mayor información Cesar Egas 087338954

]]> http://asambleanacional.gov.ec/blogs/soledad_vela/2011/12/07/soledad-vela-y-defensor-del-pueblo-entregan-proyecto-de-ley/feed/ http://asambleanacional.gov.ec/blogs/soledad_vela/2011/12/02/reformas-al-codigo-de-la-democracia-son-necesarias/ http://asambleanacional.gov.ec/blogs/soledad_vela/2011/12/02/reformas-al-codigo-de-la-democracia-son-necesarias/#comments Fri, 02 Dec 2011 15:34:53 +0000 Maria Soledad Vela Cheroni http://asambleanacional.gov.ec/blogs/soledad_vela/?p=749

La Asambleísta María Soledad Vela, representante de la Provincia de Manabí,  es la autora de uno de los proyectos de ley que fueron unificados y tratados en el plenario. Según Vela, el informe de la Comisión presentó propuestas necesarias de ser reguladas para la nueva etapa electoral que se viene.

Considero que hay varios aspectos positivos en el informe que nos entregaron, por ejemplo el cumplimento al principio de paridad de género y la eliminación de todo tipo  de  discriminación  a la que se encuentran expuestas muchas mujeres ecuatorianas que ejercen puestos de responsabilidad política, denominado acoso político.’, expresó María Soledad Vela.

Hay que recordar que la figura del acoso político ya ha sido recogida en muchas legislaciones del mundo, y a criterio de Vela, incorporarla en la nuestra sería un justo homenaje a todas las mujeres luchadoras del país que han participado y participan en los cambios históricos dentro de la política ecuatoriana y en los procesos organizativos dando aportes importantes dentro de los movimientos sociales y políticos.

María Soledad Vela señaló que nuestra legislación a partir de la Constitución del 2008 ha tenido grandes adelantos en relación al fortalecimiento de la democracia y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, sin embargo en la práctica política existe todavía una brecha entre la igualdad jurídica y la igualdad real, lo que hace necesaria la consolidación de una sociedad igualitaria y no discriminatoria. La igualdad y la prohibición de la discriminación son la base del sistema de los derechos humanos y constituyen cultura de legalidad, el respeto a estos principios fundamentales que permiten el desarrollo de una sociedad democrática y la vigencia de un Estado de Derecho.

En días pasados fue analizado ante el pleno de la Asamblea Nacional el informe de primer debate de las reformas al Código de la Democracia, el mismo  que unifica   las iniciativas presentadas por los legisladores María Soledad Vela (AP), Andrés Roche (MDG) y Saruka Rodríguez (PRE).

REPRESENTANTES DE MANABÍ DEL FRENTE DE ACTIVISTAS POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ COMPROMETE A MARÍA SOLEDAD VELA PARA VELAR POR SUS DERECHOS

15/11/2011

La Asambleísta por Manabí, María Soledad Vela Cheroni, recibió la propuesta del Colectivo por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia quienes se oponen al proyecto del Código Orgánico Integral Penal donde se establece la imputabilidad de adolescentes mayores de 16 años y trasladan los procedimientos de juzgamiento de adolescentes en conflicto de la ley penal, más nuevas y endurecidas medidas socieducativas.

Las y los adolescentes de esta organización presentaron en la Asamblea Nacional estas observaciones y comprometieron a su representante manabita para que se respete la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre niñez y adolescencia.

María Soledad Vela es miembro activo del Grupo Parlamentario de Garantía de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en la Asamblea Nacional y es partidaria de que se mantenga el sistema especializado en materia de niñez y adolescencia. Estuvo presente en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado donde el frente de activistas realizó observaciones a los cuatro libros del proyecto de ley.

Las y los jóvenes representantes del colectivo del país y Manabí hacia la ciudad de Quito han formado parte de consejos consultivos y organizaciones juveniles que promueven los derechos de las y los adolescentes como el derecho al voto que fue reconocido en la Constituyente y donde María Soledad Vela empujó esta propuesta desde la Mesa 1 de Derechos y Garantías Constitucionales. Entre los integrantes de este frente está el manabita Melchor Cevallos, coordinador en la provincia, Nicky Bravo, coordinador nacional y Jaime Coello, coordinador de Guayas, entre otros chicos y chicas que vienen de fuertes procesos de formación en derechos. Además el colectivo tiene la idea de integrar a más jóvenes a nivel nacional para seguir aportando en el proceso legislativo.

Para la Asambleísta Vela es fundamental no retroceder en las garantías de derechos sobre adolescentes y es imprescindible que el principio de interés superior del niño se aplique en la construcción de leyes que como el Código Orgánico Integral Penal, COIP, son retrocesos de 20 años de la doctrina de protección integral.

]]> http://asambleanacional.gov.ec/blogs/soledad_vela/2011/11/15/por-la-defensa-de-los-derechos/feed/ http://asambleanacional.gov.ec/blogs/soledad_vela/2011/11/08/enfermedades-catastroficas-y-raras/ http://asambleanacional.gov.ec/blogs/soledad_vela/2011/11/08/enfermedades-catastroficas-y-raras/#comments Tue, 08 Nov 2011 16:46:23 +0000 Maria Soledad Vela Cheroni http://asambleanacional.gov.ec/blogs/soledad_vela/?p=740

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Salud sobre las Enfermedades Catastróficas y Raras.- Segundo debate

Plenario 134 – 7 de noviembre de 2011

Hay que resaltar que las enfermedades raras no han sido consideradas como una prioridad, en el Ecuador han estado prácticamente desprotegidas para su diagnóstico y tratamiento, además, han recibido muy poca atención para su enseñanza en las facultades de Medicina, lo cual ha hecho que su diagnóstico, en algunos pacientes, se demore un largo periodo.

Entre las enfermedades raras se encuentran las más de 6000 enfermedades genéticas que se conocen para las cuales hasta ahora no hay curación definitiva. La importancia de incluir esta normativa constituye un avance en la legislación en salud pública que en América Latina se la va asumiendo y que, sin duda, se fundamenta en los principios de universalidad, solidaridad, corresponsabilidad e igualdad.

En este segundo debate es preciso realizar ciertas observaciones generales, como la necesidad de que los ministerios del ramo promuevan la educación periódica de los profesionales de la salud con respecto a estas enfermedades, una mejor divulgación de las mismas, la organización de centros para su manejo, incentivos para la investigación, estímulos para promover la inserción social de los pacientes y la atención a las familias.

En el artículo 1 de la propuesta, que reforma el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud, no solo se debe indicar la obligación del Ministerio de Salud Pública de dictar, regular y controlar la correcta aplicación de la normativa para la atención de patologías consideradas como catastróficas, sino también incluir a las enfermedades raras o huérfanas.

En el artículo innumerado del Capítulo III Agregado, es importante señalar que la autoridad sanitaria nacional, no solo implementará la promoción de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y curación, sino también de educación e información sobre las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.

En el artículo innumerado 2 que habla de las obligaciones de la autoridad sanitaria nacional en relación a las enfermedades catastróficas, es importante señalar en su literal f que la misma debe establecer en forma conjunta con las organizaciones científicas y de pacientes, acciones para mejorar el acceso de información que permita promover un conocimiento sobre las enfermedades raras y huérfanas y su tratamiento adecuado.

Debería incluirse en otros literales obligaciones como “sensibilizar a la sociedad y a las instituciones gubernamentales acerca de las enfermedades raras en general”, y también “impulsar la realización de investigaciones, estudios y políticas públicas relacionados con la temática.”

Es preocupante que en este informe de segundo debate se han eliminado algunos derechos que tienen las personas con enfermedades catastróficas o enfermedades raras, sobre todo si recordamos que la misma Constitución en su artículo 35 determina que las personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.

Por este motivo considero que deberían integrarse artículos que determinen los derechos de los pacientes afectados por enfermedades crónico-degenerativas, catastróficas, raras, huérfanas o de alto impacto en la calidad de vida como son:

· El derecho a conocer su diagnóstico, su estado y pronóstico y a decidir con información clara y detallada sobre las alternativas terapéuticas disponibles, especialmente de la atención paliativa, siempre y cuando esté en uso de sus facultades mentales.

El derecho a elegir al profesional para su atención, y a la posibilidad de un segundo diagnóstico, dentro de la red de servicios que para tal efecto disponga la autoridad competente en materia de salud pública.

En el agregado que se incorpora a continuación de la Disposición General Primera de la Ley Orgánica de Salud, es necesario también precisar que el Ministerio de Salud Pública debe dar acceso a los servicios de apoyo sicosocial y educativo a las familias de las y los pacientes afectados para asumir los procesos el cuidado adecuado.

En el marco de las fiestas de cantonización de Sucre, la Asambleísta María Soledad Vela hará entrega de un Acuerdo de reconocimiento a la labor cultural del Museo Bahía de Caráquez, que lleva presente en la comunidad por quince años.

La Asambleísta Vela afirma que la labor del museo en estos quince años ha sido un referente para la comunidad en los ámbitos educativo, cultural, artístico y además un pilar en el fortalecimiento de nuestra identidad. “La ciudadanía se ha empoderado de este museo, convirtiéndolo en parte de su cotidianidad y del rescate de la historia para la construcción del presente. El museo es un espacio maravilloso que nos encanta, nos atrapa y nos entrega en cada visita algo nuevo”, dice María Soledad Vela.

Vela destaca la labor que viene desarrollando Sixtina Ureta como Coordinadora de Gestión Cultural junto al equipo humano del museo que tiene clara la misión a la que se enfrentan y trabajan con mística permanente.

“Estos quince años han permitido que tanto Bahía de Caráquez y el Cantón Sucre, como Manabí cuenten con un museo que se abre a la gente, que le cuenta y deja que le cuente lo que pasa afuera, no es un espacio para guardar piezas en el lugar donde se dialoga en todos los tiempos.”, concluye María Soledad Vela.

El Acuerdo de la Asamblea Nacional será entregado en la Sesión Solemne del Municipio de Sucre que conmemora 136 años de cantonización este 3 de noviembre.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA.

27/10/2011

Este acuerdo permitirá gestionar y materializar mecanismos de cooperación técnica y el apoyo logístico necesario que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos en el área de la defensa por parte de nuestro Estado. La finalidad es clara, como lo señala el ponente y el informe de la Comisión, esto es la promoción y desarrollo en el campo de defensa que implica políticas de seguridad y defensa, investigación, apoyo logístico y adquisición de productos de servicios de defensa, el conocimiento y la experiencia adquirida en el cumplimiento de las operaciones de mantenimiento de la paz, educación, entrenamiento y adiestramiento en el campo militar, aspectos ambientales y de contaminación que pueden ser causadas por la actividad militar, y además los servicios médicos militares.

El acuerdo permite sin duda hacer efectivo el mandato constitucional del deber primordial del Estado de garantizar y defender la soberanía nacional, así como generar la seguridad que permita a la ciudadanía tener una vida tranquila. Como dice el artículo 8 de la Constitución garantizar a los habitantes del territorio ecuatoriano una cultura de paz y seguridad integral, a mantener el manejo sustentable de la biodiversidad, los derechos de la naturaleza y hacer efectiva la promoción de una sociedad que logre el bienestar y el buen vivir.

Dentro del marco del compromiso mundial de precautelar el deterioro del medio ambiente, nuestro país no puede quedarse fuera, pero se debe asumir esta tarea con responsabilidad, en este sentido el acuerdo también pretende transferir experiencias en cuidado del medio ambiente y su reparación, en el supuesto de que sean causadas por actividades militares, que efectivamente se han dado.

Hay que señalar que dentro de los compromisos adquiridos por el Ecuador como la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Viena, la aprobación de este acuerdo permitirá hacer efectiva nuestra responsabilidad internacional para tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar las amenazas a la paz. Dentro del marco de la política exterior, nuestro gobierno ha venido promoviendo la participación activa de las Fuerzas Armadas en las misiones de paz de las Naciones Unidas como consta en el informe de la Comisión.

El Ecuador tiene una experiencia amplia en este campo que data de 1958. Actualmente nuestro país está actuando en Misión de las Naciones Unidas en Libia, Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil, Misión de Especialización de las Naciones Unidas en Haití, Misión de Observadores Militares en Sudán. Es decir, operaciones importantes que requieren de una preparación adecuada y enriquecida por la experiencia técnica, práctica y educativa como la que tiene Italia que es reconocida internacionalmente.

Este acuerdo permitirá que la Unidad Escuela de Misiones de Paz Ecuador, tenga una mejor preparación y permitirá además que se constituya en un instituto de excelencia para la capacitación estratégica en Operaciones de Mantenimiento de Paz a nivel regional.

Además de lo expresado este convenio traerá como beneficio el desarrollo y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en el ámbito educativo, deportivo, de instrucción y entrenamiento.

Por lo señalado hago un llamado a la Asamblea para aprobar este acuerdo de cooperación pues será de gran beneficio para el Ecuador.

LEY ORGÁNICA DE IGUALDAD Y DEFENSA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - PRIMER DEBATE

Ma. Soledad Vela Cheroni

Es importante iniciar recordando que en anteriormente la situación de las personas con discapacidad difería de la actual. Esta situación ha cambiado notablemente con la decisión política del Presidente Rafael Correa y la sensibilidad especial y el trabajo incansable del Vicepresidente Lenín Moreno, quienes desde el 23 de mayo de 2007 elevaron a política de Estado al programa Ecuador sin Barreras, que como todos sabemos pretende el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, así como su atención oportuna e inmediata y la urgencia por atender las necesidades de todas las personas con discapacidad.

Además este gobierno ha generado dos históricas misiones solidarias, la Manuela Espejo y la Joaquín Gallegos Lara. La primera para estudiar y registrar a las personas con discapacidad a nivel nacional, y la segunda, para cuidar a las y los ecuatorianos que tienen discapacidad intelectual, física severa o multi-discapacidad, alcanzando resultados cuyas cifras, como indicaba el Vicepresidente Lenín Moreno destacan la responsabilidad social con que el actual gobierno realiza su trabajo.

Una vez presentado el proyecto, organicé con el apoyo de la Asamblea Nacional, los gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones de personas con discapacidad de Manabí tres talleres en la provincia, en los cantones Sucre, Manta y Chone a fin de analizar este proyecto. En estos encuentros hubo gran participación ciudadana de esos y otros cantones lográndose recoger un número importante de observaciones que fueron captadas desde las vivencias e inquietudes de las personas con discapacidad de mi provincia.

Entre las observaciones de estos talleres es importante destacar las siguientes:

En SALUD, tenemos atención especializada, gratuidad en los medicamentos, rehabilitación constante y especializada, capacitación a los familiares para continuar con la rehabilitación física en sus hogares, médicos especializados en cada uno de los cantones, priorizar la atención especializada y gratuita.

En SEGURIDAD SOCIAL, seguro especializado para personas con discapacidad con un aporte especial, la garantía de que los servicios médicos de la seguridad social cubra también a los familiares, en especial a los hijos de las personas con discapacidad, que todos los servicios que genere el Seguro Social sean otorgados a las personas con discapacidad con un crédito especial y privilegiado como lo ha recogido la comisión en los artículos 57 y 58. El derecho a la jubilación con los mismos beneficios y derechos que tienen los demás asegurados.

En el DERECHO A LA EDUCACIÓN, garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema de educación recogido en el artículo 31, garantizar la inclusión de profesores y profesoras especializadas en Sistema Braille y lenguaje de señas, creación de más centros de educación especial, pues los que existen no son suficientes, como está recogido en el artículo 31. Entrega de materiales didácticos adecuados para los niños y niñas con discapacidad.

En el AMBITO LABORAL, la oportunidad de trabajo en igualdad de condiciones como se encuentra recogido en el artículo 49. Incremento del porcentaje de personas con discapacidad acogido en el artículo 51, espacios físicos adecuados para su desenvolvimiento laboral como consta en el artículo 52, capacitación y exigibilidad de los demás funcionarios para un trato cordial y cálido con las personas con discapacidad y garantía en los permisos médicos para la rehabilitación, tema recogido en el artículo 55.

En relación a los SERVICIOS BÁSICOS, que no haya retroceso en los derechos adquiridos por este grupo de atención prioritaria y que se conserve la rebaja del pago de servicios básicos como consta en el artículo 78.

Es importante el trabajo que se ha realizado en la comisión, además la mayoría de observaciones que hemos presentado de la provincia de Manabí han sido acogidas, me permito señalar en este plenario otras y además insistir en algunas que no fueron acogidas.

1. En el proyecto se encarga a la Secretaría de los Pueblos el registro de las personas jurídicas que se encargan de la atención de las personas con discapacidad; por ser una competencia de ámbito social le correspondería al MIES, y si es en el ámbito de salud, al Ministerio de Salud Pública.

2. Se está creando en esta Ley al Consejo Nacional de Igualdad y Defensa de las Personas con Discapacidad. La Constitución determina que este consejo debe crearse por la ley especial de Consejos de Igualdad.

3. Los Centros de Rehabilitación Comunitaria, por el trabajo que realizan, deben mantenerse a cargo del MIES.

En relación a la rehabilitación, en los artículos 20 (derecho a la salud) y en el artículo 22 (Sistema de habilitación y rehabilitación) debe integrarse el concepto de la rehabilitación constante y especializada con técnicos en terapia física, rehabilitación e inclusive en terapia ocupacional.

En los artículos 24 y 87, que se refieren a la acreditación de servicios de salud para personas con discapacidad y la atención especializada, provisión de medicamentos y ayudas técnicas, se debe incluir la logopedia y pediatría, podología y vendajes.

Por otra parte es importante señalar que las ayudas técnicas contempladas en el artículo 87 incluyen otras ayudas técnicas y tecnológicas que reemplacen o compensen las deficiencias anatómicas o funcionales y sensoriales de la personas con discapacidad. En este artículo, también, cuando se refiere a la provisión de medicamentos, sería importante incluir la obligación de que el Ministerio de Salud realice un control periódico en las farmacias y bodegas de los hospitales públicos para verificar el abastecimiento de medicamentos para las personas con discapacidad, y también incluir la participación ciudadana a través de las veedurías para control de la existencia y distribución adecuada de la medicina.

En el artículo 36 que se refiere a la educación inclusiva, sería importante señalar la obligatoriedad de que el Ministerio de Educación capacite a los docentes en interpretación de lenguaje de señas y Sistema Braille. Y además incluir en el capítulo de educación en la parte correspondiente a los textos educativos que son entregados por el Ministerio de Educación que se incluya la existencia de publicaciones en Sistema Braille.

En el artículo 51 que se refiere al porcentaje de inclusión laboral no debería hacerse una diferencia entre al porcentaje de ingreso laboral en el sector público y el privado, propongo que en ambos sectores sea del 5% y que implique todo tipo de discapacidad.

Además se debe integrar un artículo que disponga que los departamentos de recursos humanos capacitarán a su personal para tratar con dignidad a las servidoras y servidores o empleados que tienen algún tipo de discapacidad, así como la prohibición de exigir demasiados documentos y requisitos a las personas con discapacidad para ingresar a laborar en alguna institución.

También propongo se incluya un artículo para garantizar la participación ciudadana de las personas con discapacidad en los procesos de elaboración del presupuesto participativo y en los consejos ciudadanos sectoriales.

El trasporte es uno de los mayores inconvenientes con los que se encuentran las personas con discapacidad. Para evitar la discriminación se debe integrar una norma que obligue al Consejo Nacional de Tránsito mayor control e inclusive que las mismas cooperativas sancionen a sus socios que efectúen actos de discriminación.

Se debe analizar la posibilidad de incluir una tarifa especial en el transporte aéreo; además deben aceptar las sillas de ruedas como equipaje DE FACTURADO y no exigir que las personas firmen una exención de responsabilidad a favor de las aerolíneas, salvo en caso de daños preexistentes.

Las terminales y medios terrestres, aéreos y marítimos que presten servicios de transporte deberán contar con dispositivos de telecomunicación para las personas con impedimentos de audición, del habla o visual para que tengan acceso oportuno a las misma información que reciban los demás pasajeros. Además los transportistas deben permitir que los animales de compañía acompañen a los pasajeros en sus lugares asignados, y dar siempre un trato preferencial a las personas con discapacidad.

Sería interesante que se incorpore una normativa que determine que el MIES y GADs deben instalar entidades de atención para las personas con discapacidad que no tengan familiares que se encarguen de su cuidado y atención.

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